El pueblo podrá remover a sus autoridades

La ciudadanía que no se sienta representada por sus autoridades electas cuenta desde esta semana con un instrumento para exigir cuentas políticas. Se trata del Decreto 49 de 24 de noviembre de 2020, que Los magistrados del Tribunal Electoral (TE), aprobaron.

Con este decreto se reglamenta la aplicación de la revocatoria de mandato por iniciativa popular para aquellos cargos que estén sujetos a ella, excepto para diputados postulados por partidos políticos. La resolución que ya es oficial tras ser publicada en el Boletín del Tribunal Electoral, no es aplicable a los diputados postulados por partidos políticos ya que la Constitución establece un mecanismo para estos casos, explicó el diario La Estrella de Panamá.

Desde este momento diputados a libre postulación, representantes, alcaldes independientes, como de los partidos políticos, pueden ser removidos de sus cargos si el pueblo organizado así lo desea.

En efecto, moradores del Corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá, una vez publicado el decreto, se organizaron para exigir la revocatoria de mandato de su representante, Carlos Pérez Herrera, por sus ofensas frecuentes contra la comunidad LGBT. Esta es una de las primeras comunidades del país en hacer uso de este derecho.

Según la norma avalada por los magistrados del TE, el plazo para recolectar las firmas del respaldo popular para una iniciativa de revocatoria dependerá de la cantidad de electores de la circunscripción de la autoridad electa contra quien se dirija este proceso de revocatoria.